Venezuela inicia intervenciones públicas en La Haya por la Guayana Esequiba: Discurso completo de Samuel Moncada
Este miércoles, le correspondió el turno a Venezuela en la Corte Internacional deJusticia -CIJ-para defender, en la audiencia oral, los derechos históricos sobre la Guayana Esequiba.
Fueron seis horas de exposición, en la cual el mundo escuchó la voz de la verdad histórica y jurídica de Venezuela sobre la Guayana Esequiba.
A continuación el discurso completo del Profesor Samuel Moncada en la CIJ:
«Durante casi un siglo, Venezuela ha sostenido de manera constante que las cuestiones relativas a su integridad territorial no pueden someterse a mecanismos de resolución de controversia por parte de terceros. Esa postura no es ni circunstancial ni estratégica, es estructural, forma parte de su conducta internacional, de su ordenamiento jurídico interno y de su concepción de cómo deben protegerse sus intereses más esenciales. Esa posición no ha cambiado. Venezuela no ha consentido en ningún momento someter esta controversia a la jurisdicción de ninguna corte o tribunal arbitral. Ha sido reafirmada de manera inequívoca en el ámbito interno. En el referéndum consultivo celebrado el 3 de diciembre del 2023, el pueblo venezolano expresó claramente su rechazo a someter esta controversia a la jurisdicción de la corte.
Venezuela se encuentra hoy aquí porque no puede permanecer en silencio ante un proceso que Guyana pretende utilizar para redefinir unilateralmente tanto la naturaleza de la controversia territorial como el alcance de las obligaciones que vinculan a Venezuela y a Guyana en virtud del Acuerdo de Ginebra. Venezuela comparece hoy por la responsabilidad de responder a la errónea y engañosa de Guyana y de exponer claramente la verdadera configuración jurídica de la controversia territorial, así como los límites que el derecho internacional y el propio Acuerdo de Ginebra imponen al intento de Guyana de transformar de manera fraudulenta la controversia y las obligaciones vinculantes. Señor Presidente, miembros de la Corte.
Venezuela tiene una larga tradición de derechos históricos sobre la Guayana Esequiba, derivados de la presencia del Imperio Español y de la República Venezolana durante siglos. De hecho, hasta el propio Río Esequibo debe su nombre al explorador español Juan de Esquivel. Holanda llega al territorio cuando todavía era parte del Imperio Español y adquiere su independencia en 1648 con el Tratado de Munster, el mismo tratado donde España le reconoce a Holanda el territorio al este del Río Esequibo.
El Imperio Español tenía absolutamente claras sus posesiones en la Guayana Esequiba, las cuales defendió frente a los holandeses en un permanente proceso de expulsión de incursores ilegales, demostrando el control sobre el territorio. Venezuela ha presentado una exhaustiva lista de mapas que demuestran la existencia de posesiones holandesas al este del río Esequibo y las españolas al oeste del río Esequibo. Pero si eso no fuese suficiente, los propios británicos han confirmado esta misma realidad. Solo un empleado pagado por el Imperio Británico para justificar su voracidad territorial en búsqueda de oro, el alemán Robert Schomburgk, aparece a partir de 1835 trazando una línea arbitraria en territorio venezolano que se intentó imponer como frontera. Venezuela nunca reconoció ese acto criminal, perpetrado no por un explorador naturalista, sino por un agente al servicio de la ocupación.
Británicos entraron en nuestro territorio en los años posteriores siguiendo la arbitraria línea de Schomburgk luego en 1897 y 1899 quisieron legitimar el robo. La lucha de Venezuela por su integridad territorial e independencia ha sido continua. Nuestros derechos territoriales sobre la Guayana Esequiba fueron sistemáticamente erosionados durante el siglo XIX por el imperio británico que ambicionaba apropiarse de la mitad de nuestro territorio. Muchos son los ejemplos de provocaciones ocurridas durante las décadas de 1850 a 1890, época en que los cónsules británicos enviaron comunicaciones a Londres conspirando para apropiarse del territorio, instigar conflictos civiles y tratar de comprar el territorio hasta en última instancia llegar a la acción militar. A pesar de intentar negociaciones directas, pacíficas y diplomáticas, propuestas de arbitraje, mediaciones internacionales, el voraz imperio británico, el mayor imperio del mundo en el siglo XIX, no satisfacía su codicia. Sólo la intervención de los Estados Unidos de América en 1895 obligó a los británicos a aceptar el arbitraje. Aunque Venezuela confió el destino de su territorio a la supuesta buena voluntad de los Estados Unidos, lamentablemente ese país no estaba mediando para ayudar a Venezuela, sino para imponer su voluntad en todo el continente y obligar al imperio británico a reconocer el nuevo poder.
Se trataba entonces de la re-edición de la doctrina Monroe, no de la doctrina de 1823 originada con un carácter defensivo, sino la de 1895, que tenía como objetivo imponer la soberanía de los Estados Unidos sobre todo el hemisferio. El Tratado de Washington de 1897 y el fraudulento Laudo de París de 1899 se convirtieron, para los especialistas en el tema, en referencias claves del momento en que Estados Unidos comienza a sustituir al Imperio Británico y a los poderes europeos en todo el continente americano. Así lo reconoce el propio presidente de Estados Unidos, Cleveland, cuando resalta, en 1904, las bondades del Laudo de 1899. Cito, Espero que no sean sino pocos aquellos conciudadanos quienes, en resospecto, no reconozcan hoy el bien que le hizo a nuestra nación este episodio en nuestra historia. Estableció la doctrina Monroe sobre bases duraderas ante los ojos del mundo. Mejoró nuestra posición en lo que se refiere al respeto y consideración de los pueblos de todas las naciones, particularmente Gran Bretaña.
El laudo fraudulento que será abordado por nuestros expertos fue impuesto por las dos potencias más poderosas del mundo, este es el momento cumbre de la famosa diplomacia de las cañoneras, de los tratados impuestos por la fuerza en Asia, en África y en América Latina. La propia Venezuela en 1902, justo a mitad de camino entre el laudo de 1899 y la delimitación de 1905, fue bloqueada y bombardeada por el imperio británico, por Alemania y por Italia. En 1904, Estados Unidos amenazó con invadir Venezuela en un caso clásico de la conocida política del gran garrote. En estas condiciones, sólo las personas que no conocen la historia de Venezuela o denigran de ella, pretenden exigir ahora que nuestro país debió actuar en aquel momento según la ilusión de la perfecta igualdad de los estados.
Todas estas experiencias sufridas por nuestro pueblo nos enseñaron a trabajar por la paz, pero sin esperar favores de las grandes potencias o resultados milagrosos de arbitrajes internacionales amañados. Ello dio origen a nuestra tradición de no reconocer la jurisdicción de tribunales arbitrales o cortes de cualquier tipo para resolver asuntos relacionados con nuestra integridad territorial. Es precisamente por este motivo que Venezuela no consiente la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, erróneamente impuesta en la sentencia del año 2020. Respetuosamente desconoce su jurisdicción para tratar y decidir esta controversia.
El proceso de descolonización ocurrido luego de la Segunda Guerra Mundial creó el marco internacional apropiado para que tanto las repúblicas independientes despojadas de sus territorios por los imperios como las naciones colonizadas tuvieran la oportunidad de iniciar procesos de reclamación, de compensación o restitución por los perjuicios sufridos a manos de las grandes potencias. La Organización de las Naciones Unidas y de su Comité de Descolonización sirvieron a muchos países como plataforma para iniciar en el marco del derecho internacional y sin amenazas de uso de la fuerza, negociaciones con las potencias coloniales con el objeto de restituir sus derechos territoriales.
Venezuela ha estado a la vanguardia en la lucha por la descolonización de los pueblos del mundo y de los territorios no autónomos y de su propio territorio. Por tanto, su conducta es eminentemente antiimperialista y es imposible engañar ahora a la opinión pública mundial tratando de presentar a Venezuela como un país que representa un peligro existencial para sus vecinos. Todos los procesos de descolonización del mundo, incluido desde Guyana, han sido apoyados por Venezuela. En 1962, nuestro canciller Marcos Falcón Briceño planteó formalmente la reclamación venezolana por la Guayana Esequiba, precisamente en el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas. Esa reclamación originó las negociaciones que dieron vida al Acuerdo de Ginebra de 1966, cuyos efectos se mantuvieron en el tiempo entre Venezuela y Guyana hasta que, en el año 2015, intereses energéticos instigaron un cambio de posición en el gobierno guyanés.
El Acuerdo de Ginebra es, por tanto, un instrumento de descolonización, por excelencia, al tiempo que Guyana lograba su independencia, Venezuela sentó las bases para que le fuera restituido su territorio colonizado por el Imperio Británico. El Acuerdo de Ginebra es un instrumento de paz que insta a las partes a encontrar por la vía de la negociación directa una solución práctica y satisfactoria a sus diferencias. Lo cual es exactamente lo contrario a una decisión impuesta por un tribunal donde, irremediablemente, una parte gana a costa de la derrota de la otra.
Cuando las partes se comprometieron en el Acuerdo de Ginebra acordaron superar la nefasta herencia del colonialismo en un marco de relaciones amistosas y mutuamente beneficiosas. Señor Presidente, miembros de la Corte, permítame ser preciso. A pesar de las reiteradas afirmaciones de Guyana, el Acuerdo de Ginebra de 1966 sigue siendo el marco jurídico que rige la cuestión. Dicho acuerdo reconoce expresamente la existencia de una controversia territorial relativa a la Guayana Esequiba. El territorio es objeto de disputa entre las partes. En consecuencia, la caracterización que presenta Guyana de una supuesta amenaza a su integridad territorial o a su territorio soberano constituye una interpretación errónea flagrante y una presentación deliberadamente engañosa.
Guyana no tiene un título establecido que se ve amenazado. Lo que existe es una controversia territorial, no resuelta reconocida expresamente como tal en el Acuerdo de Ginebra, que debe resolverse de manera mutuamente aceptable para ambas partes. La presentación de Guyana del pasado lunes pretende invertir estos términos claros del Acuerdo de Ginebra y hacer caso omiso de él junto con más de seis décadas de práctica bilateral, incluidas las negociaciones sostenidas y el proceso de buenos oficios llevado a cabo bajo los oficios del Secretario General de las Naciones Unidas.
Debemos entender entonces que, a lo largo de esas décadas, el Secretario General, actuando en el marco acordado por las partes, promovía la destrucción efectiva de Guyana o el desmembramiento de su territorio, cuando indicó que el objetivo de sus buenos oficios, previstos en el artículo cuarto del Acuerdo de Ginebra, era garantizar una solución mutuamente satisfactoria de la controversia y que, para intentar alcanzar este objetivo, debían explorarse opciones creativas. O, está sugiriendo Guyana que sus propias autoridades más altas, incluido el primer ministro Forbes Burkham, quien participó activamente en los procesos establecidos en virtud del Acuerdo de Ginebra, y afirmó, cito, con buena voluntad por ambas partes, tal vez podamos llegar a una solución mutuamente aceptable, en la que se preserve el honor. Fin de la cita.
se dedicaban a una conducta destinada a socavar la integridad territorial de su propio país. Espero que esto no sea lo que pretendían transmitir el pasado lunes. Sin embargo, esa es la implicación inevitable de sus declaraciones. Tales proposiciones, por supuesto, son insostenibles. No sólo son incompatibles con el texto y el objeto del Acuerdo de Ginebra, sino que también son irreconciliables con la práctica constante de ambas partes a lo largo de décadas. La realidad jurídica es clara. El acuerdo reconoce la existencia de una controversia y establece un marco para su resolución negociada. No respalda, ni ha respaldado nunca, la narrativa que esgrime ahora Guyana.
Repetimos, es imposible que el Acuerdo de Ginebra en su ejecución represente un peligro existencial para una de las partes. Afirmar lo contrario constituye un acto de propaganda que merece ser denunciado públicamente. De hecho, la buena fe y vecindad de Venezuela se demuestra en las propuestas de desarrollo conjunto altamente beneficiosas para Guyana. En el año 2009, por ejemplo, Venezuela y Guyana celebraron un acuerdo energético de intercambio de arroz por petróleo que se renovó hasta el año 2015, en el cual Venezuela compraba arroz a Guyana a un precio superior al valor del mercado y vendía petróleo a un precio inferior al valor del mercado. En el año 2015, el Acuerdo de Ginebra en su ejecución no representa un peligro existencial.
Los técnicos del Banco Interamericano de Desarrollo consideraron que, para Guyana, el costo de sus importaciones de petróleo se redujo y el monto de su deuda pública bajó considerablemente gracias a las generosas condiciones de financiamiento de largo plazo contempladas en el Acuerdo de Petro Caribe.
Venezuela nunca ha sido un obstáculo para el desarrollo de Guyana, como se afirmó en esta sala. Muy por el contrario, Guyana se benefició de las políticas solidarias de Venezuela, que fueron ofrecidas también a otros países de la región caribeña.
En 1982, el primer ministro de Guyana, Forrest Bergham, gran líder histórico de ese país y firmante del Acuerdo de Ginebra en 1966, propuso una solución definitiva a la controversia territorial mediante un plan mutuamente beneficioso del desarrollo económico con la construcción de un proyecto hidroeléctrico financiado por Venezuela y cuya producción sería aprovechada por ambos países. Así, Bergham afirmó, cito, «Veo una ventaja en un contrato a largo plazo para el suministro de electricidad a Venezuela, junto con un acuerdo político que eliminaría de nuestra relación el persistente problema fronterizo». En otras palabras, propondía que, aunado a los acuerdos de cooperación mutua relativos al proyecto hidroeléctrico del Alto Mazaruni y al suministro de energía a Venezuela, deberíamos firmar un acuerdo que pusiera fin a la cuestión fronteriza.
Esta prueba, ignorada por los que buscan calumniar a Venezuela, nos permite afirmar dos hechos fundamentales. Primero, Venezuela no era el monstruo imperial, anexionista y asfixiante del desarrollo económico que quieren presentar en este tribunal.
El primer ministro de Guyana no temía a Venezuela. Al contrario, tuvo la visión de proponer un proyecto mutuamente beneficioso para ambos países dentro del espíritu del Acuerdo de Ginebra.
El segundo hecho es que el primer ministro Perham probó con su propuesta que es falso que el único propósito del acuerdo es establecer la nulidad del laudo de 1899. Por el contrario, el Acuerdo de Ginebra genera un abanico de opciones pacíficas y mutuamente beneficiosas que pueden ser aprovechadas si existe la disposición de cumplir el acuerdo de buena fe. Guyana se presenta como la heredera legítima del territorio holandés y británico, pero la realidad es que es la beneficiaria de un despojo colonialista, formalizado a través de un arbitraje fraudulento.
El Acuerdo de Ginebra tiene el propósito de corregir esta injusticia centenaria. Para finalizar, mi primera intervención, es necesario reafirmar los siguientes puntos. Primero, cinco puntos. Nuestra experiencia histórica nos ha enseñado que la delegación de asuntos vitales de la República a instancias jurisdiccionales internacionales ha sido perniciosa para nuestra soberanía e integridad territorial. En consecuencia, Venezuela nunca ha consentido someter esta controversia a la jurisdicción de la Corte. Segundo, los derechos históricos de Venezuela son irrenunciables y Venezuela tiene la determinación de defenderlos en paz. Tercero, el Acuerdo de Ginebra fue el resultado del despojo histórico sufrido por Venezuela en 1899 y tiene como propósito resolver la controversia por vía directa, pacífica y diplomática. Cuarto, una decisión de la Corte que afecte la operatividad del Acuerdo de Ginebra obstaculizaría el camino para la solución mutuamente aceptable para las partes en el acuerdo. La única opción es permitir que el acuerdo cumpla su objeto y fin sin impedimentos. Y quinto, Venezuela está comprometida a seguir actuando de buena fe en la negociación directa con Guyana para lograr un acuerdo beneficioso para ambas partes.
Deseamos enviar un mensaje a nuestro pueblo que se encuentra escuchando con atención la voz de Venezuela. Es el siguiente. Por generaciones nuestro pueblo ha hecho enormes sacrificios para defender su independencia, soberanía e integridad territorial. Venimos a cumplir el mandato de defender nuestros derechos históricos con serenidad, respeto y firmeza. Lo hacemos con la confianza que nos brinda el conocimiento de nuestra historia, la naturaleza justa de nuestra causa. Venimos a La Haya con el mismo espíritu con el que negociamos y celebramos el Acuerdo de Ginebra, el único instrumento que nos permitirá llegar a la solución mutuamente satisfactoria que todos anhelamos. Esta es una tarea de toda la nación. Caminemos firmemente en la misma dirección con la seguridad de que unidos, conscientes de nuestras obligaciones ciudadanas, lograremos los objetivos sin imposiciones que afecten nuestra soberanía como ocurrió en 1899. Para nosotros y nuestros vecinos no existe una opción distinta a un futuro de paz, diplomacia y prosperidad. Juntos lograremos este objetivo.
Durante la sesión de la mañana, Venezuela presentará sus argumentos sobre el único instrumento jurídico que define los derechos y obligaciones de las partes, el Acuerdo de Ginebra de 1966, deliberadamente ignorado por Guyana en la audiencia el lunes.
El profesor Makane Mbengue demostrará que Guyana pretende desviar el verdadero objeto de la controversia al concentrarse en el laudo arbitral de 1899.
Seguidamente, el profesor Andreas Zimmermann examinará la interpretación y efectos jurídicos del Acuerdo de Ginebra.
El profesor Antonio Ramiro Brotons concluirá la sesión matutina estableciendo el vínculo entre el objeto y la finalidad del Acuerdo de Ginebra y las circunstancias históricas que condujeron a su conclusión.
En la sesión de la tarde, Venezuela responderá a los argumentos de Guyana sobre la supuesta validez del laudo de 1899, reiterando que su participación no implica reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, sino el ejercicio de su derecho soberano a la defensa.
La profesora Danae Azaria abrirá la sesión, seguida por los profesores Paolo Palchetti, Christian Tams y Jean-Marc Souvenant, quienes abordarán la posición histórica de Venezuela sobre la invalidez del laudo y la inexistencia de una renuncia tácita o explícita a reclamar su nulidad.»
FIN DEL DISCURSO
Agenda de presentación de Venezuela en la CIJ: Resumen
Durante la sesión del jueves 7 de mayo 2026 , Venezuela presentará sus argumentos sobre el único instrumento jurídico que define los derechos y obligaciones de las partes, el Acuerdo de Ginebra de 1966, deliberadamente ignorado por Guyana en la audiencia el lunes.
El profesor Makane Mbengue demostrará que Guyana pretende desviar el verdadero objeto de la controversia al concentrarse en el laudo arbitral de 1899.
Seguidamente, el profesor Andreas Zimmermann examinará la interpretación y efectos jurídicos del Acuerdo de Ginebra.
El profesor Antonio Ramiro Brotons concluirá la sesión matutina estableciendo el vínculo entre el objeto y la finalidad del Acuerdo de Ginebra y las circunstancias históricas que condujeron a su conclusión.
En la sesión de la tarde, Venezuela responderá a los argumentos de Guyana sobre la supuesta validez del laudo de 1899, reiterando que su participación no implica reconocimiento de la jurisdicción de la Corte, sino el ejercicio de su derecho soberano a la defensa.
La profesora Danae Azaria abrirá la sesión, seguida por los profesores Paolo Palchetti, Christian Tams y Jean-Marc Souvenant, quienes abordarán la posición histórica de Venezuela sobre la invalidez del laudo y la inexistencia de una renuncia tácita o explícita a reclamar su nulidad.»
